Recusación y especulaciones en torno al caso Goyeneche

La fiscal anticorrupción quedó en una situación delicada luego de que se revelara que integra o integró un fideicomiso para la construcción de un edificio con un contador imputado en el escandaloso caso de los contratos truchos en la Legislatura. Abogados defensores de imputados en el caso están evaluando medidas. Qué dicen los documentos que circularon.

El día de ayer debe haber sido complicado para Cecilia Goyeneche, aunque haya pretendido amenizar el cuadro de situación. El silencio no es la mejor salida. El Diario publicó en su tapa el siguiente título: “La vinculación que complica la investigación por los contratos en la Legislatura”. Es cierto, pero las complicaciones no sólo recaerían en la causa, sino también en la persona de la fiscal anticorrupción interina y en Casa de Gobierno se están dibujando hipótesis inquietantes.

Lo que la publicación reveló es la existencia de un fideicomiso para la construcción de un edificio en el que aparecen Goyeneche; su marido, el contador Sebastián Orlando; José Lino Churruarin y Pedro Opromolla. Éste último está imputado en la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura. Nada más ni nada menos. Es uno de los contadores del buffet de calle Misiones allanado el 3 de octubre. Pero además, en el contrato del alquiler del departamento de calle 9 de Julio, aparecen la investigadora y el investigado. Una delicia.

Un dato más: Goyeneche está inscripta en AFIP en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, categoría A, un día después de la firma del contrato de alquiler, el 1 de julio de 2017. El contrato es desde el 30 de mayo de ese año hasta 30 de mayo de 2019.

Con esa información – supo Página Judicial – se presentarán abogados defensores de varios imputados en la causa para apartar a Goyeneche, cuestión que debía haber hecho ella cuando el apellido Opromolla apareció en la investigación. En los estudios de abogados defensores se estudian otras peticiones, como pedir la nulidad de lo actuado desde el inicio de la causa. Sería un mal trago para los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry que han actuado de manera adecuada e intensa. De todos modos es difícil que eso ocurra.

La historia se inició el 20 de septiembre a la tarde cuando Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Alvarez fueron interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero del Bersa de calle Alsina con una mochila llena de dinero. Fue luego de que estuvieran un buen tiempo en la cabina haciendo uso de varias tarjetas de débito.

El 3 de octubre, Yedro y Aramberry, con la coordinación de Goyeneche, allanaron dos estudios contables. Uno de los ellos, denominado “Integral Asesoría”, está integrado por Opromolla, Gustavo Falco y Guido Krapp. Ahí se realizaba el pago de los impuestos de los falsos contratados a través de una terminal de “Entre Ríos Servicios” que funcionaba en el mismo estudio. Allí también estaban contratados el corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla y los analistas en sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, que integran el staff de Integral Asesoría.

El otro estudio involucrado en la maniobra de administrar los contratos truchos es el de Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure. Realizaban, según la imputación, las mismas gestiones de los falsos contratados. Allí también aparece contratado Mansilla.

Lo cierto es que los integrantes de éste último estudio están detenidos e inhibidos. Sin embargo Opromolla, Falco y Krapp no. ¿Julio Federik, abogado de Opromolla y otros estaba por cerrar un abreviado de tres años condicional para su representante? Habladurías.

Si Goyeneche decide dar un paso al costado estaría reconociendo una mala praxis judicial, lo que podría traerle otros problemas. Las explicaciones ya las debería dar enfrente, en el ámbito de un jury. En ese ámbito, precisamente, algunos afinan el lápiz. También lo están pensando letrados que no simpatizan con la procuradora adjunta por diferentes motivos.

Diego Lara, presidente del Jurado de Enjuiciamiento, sostuvo en un dictamen que no es ese el instituto que debe investigar y juzgar al procurador Jorge García, sino a través de un juicio político.

Las dos cabezas del Ministerio Público Fiscal están siendo observadas por la lupa del posible mal desempeño en un escenario delicado institucionalmente.