Piden ahora concursar los cargos de delegados judiciales

Luego de que se conozca el fallo por el cual se declararon inconstitucionales las designaciones de los fiscales auxiliares, cuyos concursos se habían llevado adelante en el seno de la Procuración General, en el STJ proponen regularizar la situación de otros integrantes del Poder Judicial. Se los considera integrantes del Ministerio Público Fiscal y “funcionario”. Las internas en los tribunales no paran, pero el proceso de normalización de los cargos era una tarea pendiente. Los nombres de quienes se someterían al Consejo de la Magistratura.

Una nueva nueva iniciativa para regularizar la situación de integrantes del Poder Judicial cruzó la Plaza Mansilla.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo saber al Poder Ejecutivo y el Senado que pretende hacer concursar los cargos de quienes hoy se desempeñan como delegados judiciales. Los mismos deberán, si finalmente se lleva adelante la idea, ser evaluados por el Consejo de la Magistratura. La idea pertenece al presidente del alto cuerpo, Emilio Castrillón.

El presidente del STJ hizo saber a Gustavo Bordet que con la nueva Constitución reformada en 2008 “los miembros del Superior Tribunal de Justicia, los titulares de los ministerios públicos y los demás magistrados y funcionarios del Poder Judicial, serán designados de la forma prevista por el artículo 103 inciso 2 (acuerdo del Senado) y 175 incisos 16 y 18, en el que se establece que es el Gobernador autoridad de nombramiento previa intervención, cuando corresponda, del Consejo de la Magistratura mediante concursos públicos”, dice la nota a la que tuvo acceso Página Judicial.

El texto subraya que “situación particular acontece con la figura del delegado judicial que, a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, han sido transferidos a la órbita del Ministerio Público Fiscal, pero respecto de los cuales existe un silencio en la ley orgánica respectiva”. Y agrega: “Si bien el cargo tiene remuneración como la del Jefe de Despacho, la asignación de funciones específicas que se verifica en la práctica, hace presumir su condición de funcionario y, por lo tanto, la necesidad de la cobertura de dichos cargos se concrete a través de lo que impone respecto de los demás funcionarios la Constitución y las leyes”.

Quienes están en esa situación y figuran en el listado del presidente del STJ son: María de los Angeles Becker (Uruguay); Pablo Benedetti (Gualeguay); Lucas Pascual (Gualeguaychú); Natalia Conti, Evangelina Espinosa y Guillermo Egel (Concordia); Sofía Céparo (La Paz); Eric Zanklusen, Pablo Zoff, María Jimena Ballesteros, Carlos Ríos, Paola Farino, Sonia Vives, Rodolfo Abrahan, María Florencia Baigorria y María Constanza Bessa (Paraná). La lista la cierra Sandra Terreno, en carácter de (afectada al juzgado de Garantías).

La interna

Castrillón fue quien propuso, cuando aún no estaba al frente del STJ, que los fiscales y defensores auxiliares tengan acuerdo senatorial luego de los concursos que los había evaluado a través de un mecanismo establecido por los mismos ministerios públicos. Una vez obtenido el acuerdo de los senadores, llegó el planteo de inconstitucionalidad y el alto cuerpo con una integración de excepción le dio la razón al peticionante, el dirigente radical Juan Carlos Arralde. La sentencia ordenó que quienes habían concursado por ese procedimiento se sometan a la evaluación del Consejo de la Magistratura.

En su momento, y con cierta razón, enmarcaron la iniciativa de Castrillón en la interna que mantiene con el procurador general, Jorge García. Lo cierto es que el vocal, finalmente, se quedó con la razón. Corolario: fiscales auxiliares deberán concursar nuevamente, pero ahora en el organismo que depende del Poder Ejecutivo. Antes se deberá resolver la apelación de la Fiscalía de Estado, que solicitó acudir a la Corte Suprema de Justicia. Aún resta un fallo para los defensores.

En el Ministerio Público Fiscal acusan a Castrillón de estar de punta con García. Hábil, el vocal no deja rastros. Cuestionó al procurador por su posición en el Jurado de Enjuiciamiento que debía juzgar a Carlos Rossi. “Violó la ley”, le endilgó, por no acusar en ese ámbito al juez de Ejecución de Penas.

Sin embargo, cuando Castrillón debió definir si era Elvio Garzón o Alejandro Cánepa quienes se quedaban con el lugar vacante que dejó Daniel Malatesta en el colegio de jueces, el presidente del STJ se inclinó por el hombre de García. ¿El criterio? Cánepa era quien mejor promedio en el Consejo de la Magistratura. Nada para cuestionar.