La FAM y la Federación Argentina de Colegios de Abogados acuerdan acciones para mejorar el servicio de justicia

Lograr una mejor prestación del servicio de justicia para beneficio de toda la sociedad es un objetivo tanto de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM,) como de la Federación Argentina de Colegio de Abogados (Faca), y para ello acordaron delinear pautas de acción conjuntas, en el transcurso de una reunión realizada en Santa Rosa (La Pampa). Allí participó el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos,  Dr. Rubén Chaia.

El pro-tesorero de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, Dr. Leonardo Portela, también asistió a la 105° Asamblea Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la FAM que tuvo lugar el jueves y el viernes en Santa Rosa, donde se emitió una declaración que contempla la creación de espacios de debate y capacitación tendientes a mejorar la administración de justicia.

“Nos reunimos con el presidente de la Faca (Eduardo Massot) y abordamos la problemática común que ocupa tanto a los magistrados y funcionarios judiciales, como los abogados. De allí, y con el aporte enriquecedor que se hizo desde las distintas provincias, salió una declaración donde se soslaya la necesidad de luchar por la formación permanente y la capacitación de los operadores, sean abogados que trabajen en la justicia o ejerzan la profesión, como también reforzar todos los mecanismos que hacen a la independencia judicial para un trabajo en la materia que sea acorde con ello. Se apunta  a que se brinden respuestas en gestión y que sean los procesos más transparentes, públicos y rápidos”, comentó el Dr. Chaia, cuyas intervenciones estuvieron principalmente centradas en la independencia del Poder Judicial.

La declaración aprobada por la FAM y la Faca reza lo siguiente:

– Acordamos la aproximación de ambas instituciones con el objetivo de crear y concretar ámbitos de debate y de capacitación permanente para que, en conjunto, y frente al contexto actual de reformas legislativas y cambios planteados en los Poderes Judiciales, unamos esfuerzos que se traduzcan en soluciones satisfactorias para la ciudadanía, para los profesionales del derecho y para todos los integrantes del quehacer judicial.

– Coincidimos en que una de las formas de contribuir a tales propósitos es mediante la transformación modernizadora de los sistemas judiciales, aspirando a la implantación de la oralidad, a la digitalización de los procesos y al mejor aprovechamiento de los recursos humanos que hagan más eficiente la gestión.

– Creemos, de manera insoslayable, que la independencia judicial -tanto interna como externa- constituye una de las principales garantías ciudadanas para lograr el propósito de afianzar la justicia y el Estado de Derecho, resguardando la garantía de debido proceso legal en todas las áreas y respetando los mecanismos previstos constitucionalmente para la designación de jueces y cobertura de vacantes.

– Nos comprometemos, como garantes de la seguridad jurídica, a velar por la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente, de aquellos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o de urgencia.

– Consideramos un postulado compartido por nuestras entidades que los sistemas de selección de magistrados deben tener una integración que contemple de manera particular y específica la participación efectiva de los representantes de la magistratura y de la abogacía organizada.

La celeridad de los procesos de selección y el equilibrio de los sectores son aspectos que deben ser observados a la hora de definir la composición y funcionamiento de los órganos encargados de la selección, pues una preeminencia de los estamentos políticos sin duda amenaza seriamente la independencia de los Poderes Judiciales, llevándolos a una indeseada politización y afectando seriamente garantías básicas conferidas tanto por la Constitución como por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.