Aníbal y Capitanich, procesados por el desvío de fondos ambientales

Las explicaciones de Fernández no alcanzaron. Foto: Archivo

Fueron acusados de repartir irregularmente unos $ 600 millones; Abal Medina, favorecido por “falta de mérito”

Las explicaciones de Fernández no alcanzaron. Foto: Archivo

El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich , acusados de haber aprobado un reparto irregular de más de 600 millones de pesos que se entregaron a distintos municipios en el marco de un programa para mejorar el manejo de residuos.

Junto con Fernández y Capitanich fueron procesados otros once ex funcionarios de Ambiente; entre ellos los Sergio Lorussi, Omar Judis y Juan José Mussi, ex secretarios de área. También había sido indagado en esta causa Juan Manuel Abal Medina , que fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner antes que Capitanich y que Fernández, pero Bonadio sostuvo que él fue “el único que dio una explicación medianamente lógica sobre su gestión”, y dispuso sobre Abal Medina una falta de mérito.

Sus sucesores, en cambio, fueron procesados por una presunta estafa al Estado en la aplicación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), entre 2013 y 2015. Bonadio entendió que ambos permitieron “el desvió de partidas presupuestarias” y utilizaron el proyecto como “una pantalla” para el “reparto arbitrario y desigual de los fondos del Estado nacional a municipios determinados”.

A pesar de que la responsabilidad directa sobre el programa la tenían otros funcionarios, Bonadio afirmó que los jefes de Gabinete habían sido el “último eslabón” de la maniobra delictiva, porque ellos aprobaron los convenios y habilitaron los pagos. “Sin este paso no hubiera existido transferencias de fondos federales a las jurisdicciones municipales, «ergo» no se habría perpetrado el ilícito investigado”, fue su argumento. Los ex jefes de Gabinete habían alegado que los expedientes venían aprobados por todos los funcionarios que habían intervenido, y Fernández sostuvo además que mal podía ir él a La Quiaca a chequear el avance de las obras. Bonadio los procesó igual porque sostuvo que eran “tan obvias las irregularidades en el procedimiento que jamás habrían podido pasarse por alto al observarse el expediente”.

Los favorecidos

Durante la gestión de Capitanich, el juez destacó la excesiva asignación de fondos a municipios de Chaco, su provincia. “Chaco recibió 54 proyectos (de 212 relevados) y genera sólo el 0,81% de los residuos sólidos urbanos del país”, afirmó Bonadio. El juez mencionó el caso puntual del municipio chaqueño de Campo Lago, donde “un familiar directo de Capitanich” presentó un pedido de fondos que estaba “incompleto” y, no obstante, “en tiempo récord” (doce días) recibió 3.500.000 pesos.

En cuanto a Fernández, Bonadio lo acusa de haber favorecido a Río Gallegos, Santa Cruz. Según el juez, después de un primer pago de 23 millones de pesos, la obra se reinició en otra ubicación y se le giró al municipio mucho más de lo pactado.

Bonadio, que ya había procesado a Fernández por el Plan Qunita, lleva procesados en distintas causas a todos los principales funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, incluida la ex presidenta, a quien le pidió el desafuero para detenerla. La lista de sus procesados incluye al ex vicepresidente Amado Boudou, al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, al ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, y a los ex ministros Julio De Vido y Héctor Timerman.

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