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Los policías del allanamiento a Propyme piden que se investigue a firmas vinculadas a la empresa

El dueño de la financiera donde se realizaba el allanamiento suspendido por Oyarbide denunció que los agentes de la Federal le pidieron una coima. Ahora su abogada defensora solicitó al juez varias medidas de prueba

La defensa de los policías federales que participaron de un allanamiento ordenado y luego suspendido por el juez Norberto Oyarbide contraatacó en el expediente. La abogada Valeria Corbacho pidió varias pruebas para intentar demostrar que la denuncia del titular de la financiera en la que se realizó el procedimiento respecto al presunto pedido de coima de sus representados es falsa.

Fabio Ascona, César Ceballos y Juan Saizar solicitaron que se investigue el entramado de sociedades vinculadas a la Mutual Propyme, a partir del cruce de información de empleados y socios de esa compañía. Según la presentación, el juez Luis Rodríguez, a cargo del caso, debería indagar a otras 16 sociedades (financieras, cooperativas, agropecuarias,etc.) que tienen relación con Propyme.

De acuerdo con los policías, los dueños de Propyme intentaron frenar el allanamiento porque de esa manera se evitaba obtener información no solo de esa empresa sino tambien de otras tantas vinculadas. Algunas de esas firmas estuvieron investigadas en el caso Schoklender, en el que también el juez Norberto Oyarbide detectó operaciones poco claras con dinero proveniente de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La presentación de los efectivos de la Federal a la que accedió Infobae señala que «la mayoría de las empresas (…) registradas a nombre de los empleados de la firma Propyme poseen un común denominador: su actividad principal está beneficiada con alícuota reducida en el comúnmente llamado impuesto al cheque».

Los policías pidieron también que sea citado a declarar el ingeniero Ariel Garbarz, quien, según el dueño de Propyme, Guillermo Greppi, le cuida los teléfonos de intervenciones ilegales y bloquea la supuestas intervenciones ilegales.

En su declaración judicial inicial, Greppi dijo que durante el allanamiento del 19 de diciembre pasado había llamado a gente «del mercado financiero» y a un policía de apellido Claviño. Pero luego de que Infobae revelara que el juez Oyarbide admitió haber parado el allanamiento por un llamado del segundo de Carlos Zannini, Carlos Liuzzi, el financista reconoció haber llamado a ese funcionario. Por eso los agentes de la Federal pidieron que se incorpore a la causa el programa de InfobaeTV donde Greppi le dijo al periodista Luis Novaresio que había «llamado a Liuzzi producto de la desesperación». Novaresio, en tanto, fue propuesto como testigo.

Los policías sostienen que Greppi y su abogado Fernando Torres –los que dieron origen a la denuncia del pedido de coima– «le han mentido al juez» y que «pretenden persistir en su mentira con el firme propósito de enmascarar cómo escandalosamente un juez federal interrumpió a pedido de un funcionario del gobierno nacional un procedimiento judicial legítimo».

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