“La propuesta en sí de un hombre que proviene de las entrañas del poder administrador y del círculo áulico de la estrecha confianza del gobernador ensucia la ética de la misma designación”, afirmaron en un documento ex constituyentes que integraron diferentes fuerzas.
Un grupo multipartidario de ex convencionales firmó un documento en el que cuestionan la decisión del Poder Ejecutivo de designar a Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas, tras la jubilación de Hugo Molina. El punto: evadir el procedimiento que prevé justamente la Constitución.
“Llamamos al gobernador Sergio Urribarri a la cordura y al irrestricto respeto de la Constitución de Entre Ríos”, empieza diciendo el texto, al que tuvo acceso Página Política.
Y enseguida cita el texto magno en su artículo 217 que establece que el presidente del Tribunal de Cuentas debe asumir “previo concurso público que la ley ordenará conforme a los siguientes criterios rectores: un jurado de concurso será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo el que designará su representante y asegurará la participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública, con personería jurídica y domicilio en la Provincia y de las entidades representativas de las profesiones exigidas. Sus integrantes se desempeñarán en forma honoraria y elegirán una terna que será elevada al Poder Ejecutivo para su designación con el acuerdo del Senado”.
“En ningún caso el texto magno entrerriano autoriza a que este cargo – prácticamente vitalicio -sea llenado por la sola voluntad discrecional del gobernador. En el caso la irregularidad que afecta a los principios republicanos, la independencia de los organismos de control, y la transparencia de los actos, resulta agravada en la medida que se pretende colocar en la presidencia del Tribunal de Cuentas a quien hoy cumple funciones de ministro del propio Poder Ejecutivo Provincial”, manifestaron los constituyentes.
Cercanías
Smaldone se desempeña como ministro de Trabajo y es hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Ramón Smaldone, único integrante del alto cuerpo nombrado por Urribarri. El joven abogado ya se había desempeñado en el organismo de control en su carácter de fiscal. De allí pasó a la cartera laboral. Ferviente militante de la reforma judicial que impulsó el gobierno nacional, el concordiense está enrolado en el colectivo Justicia Legítima, cercano al kirchnerismo.
Para los firmantes es incongruente que quien era “un funcionario provincial” ahora sea quien tome las decisiones en el Tribunal de Cuentas”. “La propuesta en sí de un hombre que proviene de las entrañas del poder administrador y del círculo áulico de la estrecha confianza del gobernador ensucia la ética de la misma designación”, afirmaron.
Y agregaron: “No solamente el texto constitucional prevé la mayor transparencia para la designación de sus miembros permanentes, sino además, el espíritu y voluntad de los constituyentes de todos los bloques que integramos la Convención de 2008 fue que la misma estuviera alejada de la influencia del poder político, a fin de evitar que los controlados condicionen o influyan sobre los controlantes. Todos coincidimos en dotar de las mayores garantías de autonomía e independencia al Tribunal de Cuentas, atento a que es el organismo que tiene a su cargo el control del manejo de todas las cuentas provinciales, municipales y comunales y la vigilancia sobre el gasto público en Entre Ríos”.
El documento los firmaron los ex convencionales Jorge Monge (UCR), Santiago Carlos Reggiardo (Partido Socialista), Carlos Claro Díaz (Partido Socialista), Américo Schvartzman (Partido Socialista) y Acevedo Miño (Recrear).
Para todos ellos, la “actitud del gobernador Urribarri atenta no solo contra expresas normas constitucionales, sino que además constituye un grave retroceso republicano en tiempos en los que la sociedad asiste azorada y casi resignada al desvío de poder, al abuso institucional y al uso desvergonzado de los recursos fiscales”.
Antes este escenario “alertaron a la sociedad sobre el atropello” llamaron al gobernador “a la reflexión” y a los senadores provinciales a que “no convaliden un acto inconstitucional que conlleva responsabilidades no solo políticas e institucionales sino también de naturaleza penal”.
